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Biografîas2005 Premio de la Paz de California Otilio “O.T.” Quintero
Quintero ha abogado además por la prevención de la violencia juvenil fuera de Santa Cruz. En 1993, participó en una serie de iniciativas para poner fin a la violencia de las pandillas al unir a jóvenes latinos del norte y sur de California. En 1996, ayudó a que la iniciativa AB 963 fuera adoptada. Ésta estableció el Programa Cooperativo para la Prevención de Pandillas, Crímenes y Violencia en California, que asignó más de $10 millones a organizaciones de la comunidad dedicadas a prevenir la violencia y la actividad pandilleril. Asimismo, Quintero participó activamente en el desarrollo de la Coalición Nacional de Barrios Unidos (NCBU por sus siglas en inglés) y de organizaciones locales de Homies Unidos en El Salvador y Nicaragua. A la edad de cinco años, Quintero se convirtió en trabajador agrícola migratorio. En su juventud conoció a César Chávez, a quien considera uno de sus líderes espirituales. Sus estudios incluyen un título universitario de UC Santa Cruz y una maestría de la Universidad Estatal de San José. Quintero ha trabajado como consejero de trabajadores migratorios, instructor de colegios comunitarios y director de teatro. Por su compromiso con la innovación y educación, Quintero ha desarrollado y dirigido programas para el Cabrillo College y las Oficinas de Educación de los condados de Santa Cruz y Monterey. María Velásquez
Velásquez está firmemente convencida de que el ciclo de generaciones de la violencia puede romperse al enseñar a los niños otras formas de negociar y hacer frente a las situaciones. Ella contribuyó a la implementación del programa Second Step en los condados de Trinity y Shasta a pesar del escepticismo inicial de la administración escolar y los padres. Asimismo, continúa abogando para que el programa obtenga más financiamiento y participación. Dos distritos escolares del Condado de Shasta usan Second Step, incluyendo el distrito escolar de Black Butte Union, en donde todos los estudiantes de la primaria participan en el programa. Habiendo presenciado el problema de la violencia doméstica durante la infancia, Velásquez conoce por experiencia propia las dificultades que deben enfrentar los niños criados en ambientes perjudiciales. Es así como ella aboga por el modelo de Second Step, desarrollado por la organización no lucrativa Committee for Children, debido a que el contenido y los materiales educativos son fáciles de comprender y multiculturales. Velásquez forma parte del comité directivo de Grassroots for Kids, una organización no lucrativa que se creó hace diez años para fomentar las opciones recreativas saludables para los niños y sus familias. Antes de trabajar en el Condado de Shasta, se desempeñó como coordinadora de cuidado infantil para el Condado de Trinity en Human Response Network, el cual ofrece programas para la prevención de la violencia y la violencia doméstica. También supervisó un campamento diurno de verano a nivel local que luego se implementó en cuatro otras comunidades rurales del condado. Velásquez obtuvo su título profesional en el Shasta Colllege en Redding. Sayre Weaver
Como fiscal adjunto en Compton, California, Weaver observó primero los efectos que ejerce la violencia de las armas de fuego sobre la comunidad. Gracias a su trabajo para la ciudad de West Hollywood entró en contacto con la organización Legal Community Against Violence (LCAV) y el estudio del doctor Garen Wintemute sobre la industria de las armas tipo “junk gun” (“Ring of Fire: The Handgun Makers of Southern California”). Estos la condujeron a darse cuenta de la necesidad de reformar la industria de las armas de fuego y decidió dedicarse a cumplir este objetivo. En Ileto v. Glock, Weaver está actualmente representando a víctimas de las armas en contra de los fabricantes y distribuidores de las armas de fuego utilizadas por un miembro de la supremacía blanca, quien fue condenado por asesinar a Joseph Ileto —un empleado del correo postal de origen filipino— y herir a cuatro niños y un empleado de un centro social de la comunidad judía. Apenas comenzado el juicio, Weaver estableció el derecho que tienen las víctimas de las armas de demandar a miembros de la industria de armas cuyas prácticas de comercialización y distribución sean negligentes. Weaver es directora legal de The Educational Fund To Stop Gun Violence y consultora de la firma de derecho público Richards, Watson & Gershon, donde también integra el Departamento de Litigación. La ex directora legal de LCAV, continúa ofreciendo sus servicios en la red de abogados voluntarios. Además, es miembro del Comité contra la Violencia de las Armas de la Asociación Estadounidense de Abogados, la Sección de Litigación contra las Armas de American Trial Lawyers y el Consejo Asesor de Mujeres en contra de la Violencia de las Armas (Advisory Board of Women Against Gun Violence). Weaver obtuvo su título de abogada en la facultad de Derecho Yale. |
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